Artículo publicado en Euroefe 19/04/2012

Abril nos ha traído la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Ciudadana europea. Me gusta denominarla así porque fue de esta manera como se incluyó en la elaboración del proyecto de Constitución europea inmersa en un proceso constituyente.

En estos meses de convulsión económica, política y social en los que se critica que la escena intergubernamental europea parece ser la protagonista , resulta paradójico, y positivo, que comience a funcionar un recurso democrático, transnacional y de capacidad movilizadora como es la Iniciativa Ciudadana Europea. Sin entrar de lleno en los problemas, que los habrá, de la mecánica en relación a los trámites que tienen que pasar las iniciativas, creo que es importante destacar la cualidad y la potencia del propio proceso y el debate transnacional que ha impulsado durante su desarrollo más técnico así como el que ya está generando desde su entrada en vigor el día 1 de abril.

La Convención europea, órgano innovador y con buenas dosis de atractivo político, representativo y participativo, incorporó en el título Vida democrática de la Unión (qué buen título) los artículos dedicados a la democracia representativa y a la democracia participativa como complemento de la primera. En el apartado de la participativa, art. 47, el párrafo cuarto enunciaba la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Un logro de la Convención en la que incluyo tanto a sus miembros como al foro que funcionó como interfaz para que las organizaciones de la sociedad civil pudiesen hacer sus contribuciones.

Me detengo en el proceso para que recordemos que la Iniciativa Ciudadana Europea que encontramos en el Tratado de Lisboa es fruto del trabajo de muchas personas que desde las organizaciones de la sociedad civil, instituciones europeas, Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo, y desde el ámbito académico, han conseguido que podamos hablar de la grandeza, y el ejemplo, de un proceso. El movimiento transversal y como trascendió la dimensión europea en la articulación en red desde las organizaciones no gubernamentales para intercambiar sus aportaciones, es sin duda un ejemplo del que pueden tomar buena nota los métodos más gubernamentales a puerta cerrada.

Y es que la génesis, desarrollo e implementación de un objetivo contiene mucho esfuerzo y horas de política. En el proceso de la Iniciativa ha habido búsqueda de consenso a través del debate interinstitucional, intergubernamental, reuniones con las ONG implicadas y de las distintas Comisiones parlamentarias del PE. Pero también ha existido la política de negociación dura que es más visible en el modelo nacional y que más transmiten los medios. En ocasiones se dice que, a nivel europeo, se echa de menos la tensión que hace atractiva a los ojos de los ciudadanos la política: posturas de los diputados, divergencias, y el tira y afloja. Hay que resaltar que también en el proceso de formulación de la Iniciativa Ciudadana Europea, ha habido esta forma de política, la más pasional. En suma: la política de consenso y la política de negociación que predomina en el estilo de la esfera nacional de cada Estado miembro, han estado intercalando sus modelos durante este proceso europeo de diez años.Este proceso, que continúa, cuenta con las dos políticas y ha sabido armonizar dos democracias, la representativa y la participativa, en una.

La Iniciativa contiene un componente de anclaje fuerte para recuperar la gran política europea y comunicarla. En esta esfera de la comunicación, hay que pararse en la capacidad de informar y comunicar qué es Europa y cómo funciona la Unión Europea que tiene la Iniciativa ya que el millón de ciudadanos que firmen una iniciativa , o al menos una parte de ellos que se interesen en conocer el marco de su implementación, conocerán cuáles son los principios y valores que tiene que respetar cada iniciativa para tener luz verde en la Unión Europea. Al mismo tiempo, la transparencia que requiere el proceso conlleva un control, una auditoría, de los ciudadanos hacia las instituciones europeas.

Ciudadanos integradores

La Iniciativa Legislativa Ciudadana europea es un contrafuerte a la política más intergubernamental en estos meses de crisis en la eurozona. Me gusta volver a incluir la palabra “legislativa” de su génesis porque es un indicador de la integración “legal” de un recurso de democracia participativa y porque para el ciudadano europeo leer que puede ser impulsor de una ley europea, que luego podrán respaldar los representantes políticos, es un catalizador motivador para participar y sentirse orgulloso de ser europeo.

En la Unión Europea el poder integrador de los ciudadanos es un valor fundamental que se ve de manera nítida en el proceso de la Iniciativa así como en la tendencia que esta marca en relación a la nueva política de la UE del siglo XXI. En el proyecto europeo y en el proceso de integración europea, contamos con un espacio más para revalorizar y hacer visible que en Europa los ciudadanos son integradores.

Supongamos, aunque sea mucho suponer, que las naciones son democráticas o que, al menos, sabemos cómo se crean y desarrollan instituciones democráticas en el marco del Estado nacional. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de instituciones más allá de las naciones, como la Unión Europea o de las instituciones propiamente internacionales? En esos ámbitos, ¿es posible y deseable que las decisiones se tomen democráticamente o estamos obligados a rendirnos a la imposibilidad de semejante tarea?

Tenemos aquí un problema, tal vez el más grave al que se enfrenta actualmente la organización política de la humanidad. La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de legitimidad y aceptación. Cada vez hay más políticas intrusivas que la opinión pública tiene dificultades para entender y aceptar (desde las intervenciones militares derivadas de la responsabilidad de proteger a las poblaciones hasta el control sobre las economías de otros países con los que se comparte un destino común). ¿Cómo se justifican democráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de austeridad presupuestaria? ¿Quién tiene derecho a decir a Grecia, a Siria o a Irán lo que tienen que hacer?

El problema se agrava a medida que adquieren una creciente importancia instituciones que corresponden escasamente a nuestros criterios de legitimación democrática. Las instituciones internacionales resultan fundamentales para la solución de ciertos problemas políticos pero son estructuralmente no democráticas si aplicamos los criterios por los que medimos la calidad democrática de un Estado nacional. Este conjunto de circunstancias despierta de entrada una lógica insatisfacción, como se comprueba en el alto índice de desafección hacia la política, las protestas locales y globales, una desesperanza en relación con la capacidad de esta para ejercer sus autorizadas capacidades de gobierno en las actuales circunstancias y, más concretamente, un falta de identificación respecto de las instituciones internacionales y la Unión Europea, que son especialmente vulnerables frente al populismo.

Estando así las cosas, a nadie puede sorprenderle que se debilite la identificación con el proceso de integración europea, al que se acusa de incumplir las exigencias democráticas que, por lo visto, satisfacen perfectamente sus Estados miembros. A derecha e izquierda hay un movimiento general de retorno al espacio seguro, sea en clave de identidad nacional o de protección social. Según la sensibilidad ideológica que se tenga, a uno le preocupará más una cosa u otra, pero en cualquier caso parece imponerse un retorno de las viejas referencias y un rechazo general hacia cualquier forma de experimentación política.

Este movimiento de regresión hacia lo conocido cristalizó en aquella sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Lisboa en 2009 que tomaba la democracia nacional como modelo para valorar la legitimidad de la Unión Europea, como si no apreciara la novedad institucional que la Unión representa. Exigía el control democrático del poder sin tomar en cuenta la otra cara de la moneda: la realización y salvaguarda de la democracia requiere hoy instituciones capaces de actuar más allá del Estado nacional. Y el Tribunal lo hacía además reclamando un control de las instancias europeas por organismos alemanes que si fuera ejercido también por otros Estados miembros bloquearía las decisiones a nivel europeo.

Desde una posición inequívocamente federal pero con unos efectos que justifican el retorno al ámbito nacional, Jürgen Habermas escribió un artículo en los principales periódicos europeos en octubre del año pasado en el que acuñaba el término “Europa postdemocrática” para referirse a la actual situación de la Unión, monopolizada a su juicio por las élites y los imperativos de los mercados sin legitimación democrática. La proliferación de gobiernos “técnicos” o de políticas que se justifican por criterios de técnica contable más que por aceptación democrática explícita parecía corroborar dicha acusación. El esquema de Habermas es muy socorrido: élites opacas contra pueblos demócratas, sistema contra mundo de la vida. Como si los ciudadanos supiéramos perfectamente lo que debe hacerse y de qué modo, mientras que nuestros políticos ni saben ni pueden.

¿Tiene este dilema una solución que no sea ni cínica ni populista? ¿Hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?

Es cierto que las justificaciones puramente funcionales, apolíticas de las instituciones internacionales y de la Unión Europea son insuficientes. No es aceptable que unas élites de unos pocos países, excluyendo a las opiniones públicas nacionales y globales, condicionen las políticas nacionales de otros países. Ahora bien, la incidencia de las decisiones políticas internacionales en los espacios domésticos no es siempre una intromisión injusta, sino una realidad cada vez más presente que requiere de legitimación. Si la democracia no pudiera ser más que popular y cercana, si fuera impensable más allá de los espacios y en los asuntos para los que la autodeterminación es posible y deseable, entonces ya podríamos despedirnos de aventuras por encima del Estado nacional y regresar —si esto fuera posible— a sociedades más simples y en espacios delimitados. Paradójicamente este abandono no contribuiría a que los problemas globales fueran resueltos con mejores criterios democráticos sino a que, simplemente, quedaran abandonados a su suerte, que es lo menos democrático que existe.

Pensemos en el ejemplo de la crisis que atraviesan actualmente las economías europeas. Tal vez estemos ante un problema formalmente similar al que se enfrentaba la comunidad internacional en el conflicto yugoslavo en los años 90: con un sistema de toma de decisiones obsoleto para resolver un problema urgente y con una soberanía democrática que es una disculpa similar al argumento de respeto a la soberanía que dificultaron dar una salida a aquel conflicto.

Tal y como están las cosas, no podemos avanzar en la necesaria federalización europea confiando en el sostén de unas poblaciones a las que no resulta inteligible la construcción europea, que han sido bombardeadas durante años con discursos proteccionistas y a las que ahora se alimenta con una imagen de Europa como un agente disciplinador al servicio de los mercados, sin recordar las responsabilidades que compartimos y las ventajas mutuas de las que somos beneficiarios. Nos resulta intelectual y políticamente muy cómoda la apelación al pueblo soberano o el recurso a la crítica de nuestros dirigentes. Le hace a uno sentirse moralmente intachable en compañía de la inocente multitud. Alguien debería recordarnos, no obstante, que no habría líderes populistas si no hubiera pueblos populistas.

En el fondo, el problema no es si en los ámbitos globales puede o no haber una democracia similar a la que se configura en los Estados nacionales, sino cómo superar la incongruencia entre los espacios sociales y los espacios políticos. Lo fundamental es que haya gobierno o gobernanza legítimos y no tanto que puedan o no extenderse globalmente los requisitos democráticos que sólo valen, estrictamente hablando, para los espacios delimitados. En este sentido, las instituciones internacionales (también la Unión Europea, que no es propiamente una organización internacional sino algo más intenso) posibilitan que la política recupere capacidad de actuación frente a los procesos económicos desnacionalizados.

Es un error considerar que el fortalecimiento de la Unión Europea y de las instituciones internacionales supone necesariamente una amenaza frente a la democracia. De lo que se trata es de entender el equilibrio entre los niveles nacionales, europeos e internacionales como un desafío para extender la democracia a procesos inéditos. Las interdependencias económicas y sociales (muy especialmente en Europa) hacen que las decisiones de unos tengan efectos sobre otros de manera que la mutualización de los riesgos e incluso la intervención de otros debería ser entendida en el contexto de la propia responsabilidad democrática. La soberanía, que en su momento fue un medio de configuración de sociedades democráticas, actualmente sólo transformada y compartida sirve para encontrar ámbitos de decisión que aúnen eficacia y legitimidad democrática.

Es indudable que existe un conflicto entre los principios normativos de la democracia y la efectividad de la política para resolver algunos problemas colectivos de singular envergadura. Pero las instituciones internacionales son parte de la solución, por difícil que esta sea, y no parte del problema. No todas las obligaciones que hemos ido asignando al Estado pueden actualmente llevarse a cabo en su seno y con los instrumentos de la soberanía estatal; cuanto antes lo reconozcamos, antes nos pondremos a pensar y trabajar en una nueva configuración política donde haya un equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad.

Autor: Daniel Innerarity

Publicado por Paidós, 2011

El conocimiento, más que un medio para saber es un instrumento para convivir. Su función más importante no consiste en reflejar una supuesta verdad objetiva, adecuando nuestras percepciones a la realidad exterior, sino en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos. Y es que nuestros principales problemas colectivos no son, contra lo que suele afirmarse, problemas de voluntad, de falta de decisión o de inmoralidad; deberíamos considerarlos también fracasos cognoscitivos o que tienen su origen en un organización deficiente del conocimiento desde el punto de vista de su legitimidad democrática.

Este libro desarrolla la tesis de que el conocimiento y sus aledaños (las políticas de la ciencia y la innovación, el asesoramiento político a los gobiernos, la evaluación de las políticas públicas, la comprensión de las actuales transformaciones sociales o la competencia cognoscitiva de los reguladores) son ámbitos donde se decide no sólo la prosperidad económica sino, fundamentalmente, la calidad democrática. Las políticas del conocimiento y a través del conocimiento se nos han convertido en un asunto de ciudadanía democrática, donde nos jugamos muchos problemas teóricos pero,  principalmente, la calidad de nuestro espacio público.

Entrevista en rtve.es (29/11/2011)

Copyright: Project Syndicate, 2012.

www.project-syndicate.org

MADRID – Despite the huge sums expended to write down Greece’s foreign debt, there has been an outcry ofcensure against “interference” with the country’s national sovereignty. True, in exchange for considerable European aid, Greece’s ability to maneuver independently will be limited. But are complaints that Greek sovereignty has been severely impaired justified?

The idea of a nation-state’s sovereignty is rooted in the seventeenth-century Treaty of Westphalia, which embraced non-interference by external agents in states’ domestic affairs as the guiding principle of international relations. But, taken to its logical extreme, national sovereignty would require the complete physical and social isolation of states from one another. Indeed, an excessive emphasis on national sovereignty leads to serious problems: after all, any international agreement, whether political or economic, entails a certain transfer of sovereignty.

Europe’s aid to Greece is an example of a cooperative agreement whereby the various parties negotiate with the others’ interests in mind. Greece asked its fellow European Union members for help, and they have obliged with an enormous amount of aid. In addition to €130 billion in loans (more than 40% of Greek GDP, on top of the €110 billion loaned to Greece in 2010), a 50% “haircut” has been imposed on Greece’s private creditors, and the European Central Bank has waived expected returns on its holdings of Greek bonds.

Regardless of whether this is technically and economically the best solution to Greece’s problem, it is logical that the EU participated in designing it. Participating in the collective life of the international community of states implies bearing others in mind and, when necessary, giving up certain prerogatives of sovereignty.

For example, when Spain decided to join the World Trade Organization, it ceded sovereignty by accepting the WTO’s rules and regulations. It had to abandon commercially preferential treatment to some countries and treat all WTO members alike. Spain accepted this in exchange for being able to trade on equal terms with the rest of the world.

British sociologist Anthony Giddens rightly describes such examples as cases of integration or union in exchange for global influence. States cooperate because it is advantageous for them to do so, but at the same time they lose control over certain internal matters. They shift from unilateral to cooperative decision-making.

Whether this is a violation of sovereignty depends on our conception of sovereignty. As with the concept of individual freedom, national sovereignty depends on how its components are defined. In his classic On Liberty, John Stuart Mill used the “harm principle” to express the view that a person’s individual liberty could be limited only in order to protect others and avoid harm. The debate consists in how we define “harm” to others.

In the same way, the debate about the meaning of national sovereignty consists in what we consider “domestic” matters.  Depending on where we place the emphasis and how wide our focus is, we prioritize either a “global” (or at least “federal”) dimension to sovereignty, or a “national” dimension.

The EU seems to represent a halfway point between these two conceptions of sovereignty. But it is becoming increasingly difficult to determine the difference between purely domestic matters and those that require international collective action.

Globalization has made frontiers more porous. We see how one country’s policies, whether pertaining to work, the environment, public health, taxation, or myriad other issues, can have a direct impact on others. And we see such interdependence even more clearly in their economic performance: China’s annual GDP growth rate, for example, will slow by two percentage points this year, owing to sluggishness in the United States and the EU.

Likewise, more countries (and more varied in their character and historical trajectory) are emerging strongly on the global scene: Brazil’s GDP recently surpassed that of the United Kingdom. Their emergence holds important implications for global governance at a time when the imbalance between existing problems/threats and the means available to states to guarantee their citizens’ safety increases.

On a global scale, this complex and interdependent world needs an organization of states and structures of governance oriented towards responsible dialogue, the aim being to mitigate abuses of power and defend global public assets. Without such structures, the world risks a competitive and disorderly race to the bottom among states – as often occurs with taxation – together with a protectionist backlash. History has shown that such developments often lead to disastrous conflicts.

On the European level, legitimacy is essential and – let’s be realistic – won’t be achieved unless and until Europeans overcome certain antiquated ideas about sovereignty. Paradoxically, when the crisis struck, the EU was criticized for its lack of integration. Now that it seeks to advance in that direction, the Union is accused of crimping national sovereignty.

Citizens must have the feeling that the institutions that govern them account for their interests and make them part of the decision-making process, which implies a union based on rules rather than power. The fact that the EU does not instantly have all of the answers to a problem does not mean that it has no future. The EU is a new and marvellous experiment, which, as with all experiments, entails a degree of uncertainty. But that should not make us ignore the opportunity cost of a more “national” conception of sovereignty.

Indeed, the dynamics of interdependence have become well established – so much so that they cannot be reversed. To adhere to a narrow Westphalian concept of sovereignty in this world is an unwise anachronism at best, and a dangerous gamble at worst.

The poet Jose Angel Valente might call this a desire “…to wait for History to wind the clocks and return us to the time in which we would wish everything could start.” But, in the prosaic world of the here and now, the concept of sovereignty has already moved on.

22 de marzo de 2012 (Bilbao)

El Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance) impartirá un curso de formación para concejales y alcaldes. El objetivo es analizar el concepto de Gobierno y gobernanza en el ámbito municipal. Asimismo, ofrecerá propuestas para el desarrollo de técnicas de participación ciudadana.

El curso está enmarcado dentro las sesiones de formación de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) con el fin de facilitar herramientas y conocimientos adecuados para desarrollar una gestión política más eficiente y ajustada a las necesidades ciudadanas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EUDEL

ENTREVISTA A MIKEL CABELLO

Udal gobernantza eta herritarren parte-hartzea

Prestakuntza ikastaroa

2012ko martxoaren 22 (Bilbao)

Alkateentzako eta zinegotzientzako prestakuntza ikastaroa antolatu du Gobernantza Demokratikoaren Institutuak (Globernance). Gobernuaren eta gobernantzaren kontzeptua Udal eremuan aztertzea da helburua. Era berean, herritarren parte-hartzea bultzatzeko teknikak garatzeko proposamenak eskainiko ditu.

EUDELen formakuntza saioen barruan dago ikastaroa. Kudeaketa politiko eraginkorragoa eta herritarren premiei egokitua egiteko tresna eta ezagutzak garatzea da saio hauen xedea.

EUDELEN PRESTAKUNTZA PROGRAMA

Artículo publicado en EL PAÍS 02/03/2012

Los resultados no parecen estar a la altura de lo anunciado y ya se formulan muchas dudas que contribuyen a desmontar el mito de la democracia digital. ¿Ha aumentado Internet la esfera pública? ¿Hasta qué punto ha hecho posible nuevas formas de participación?

La Red lleva años suscitando unas ilusiones de democratización que no se corresponden del todo con los resultados esperados. Nos habían anunciado la accesibilidad de la información, la eliminación de los secretos y la disolución de las estructuras de poder, de tal modo que parecía inevitable avanzar en la democratización de la sociedad, renovando nuestra tediosa democracia o implantándola en sociedades que parecían protegidas frente a los efectos más benéficos de la Red. Los resultados no parecen estar a la altura de lo anunciado y ya se formulan las primeras teorías de dicha desilusión que pretenden desmontar el mito de la democracia digital.

Es muy humana la ilusión que alimenta toda innovación tecnológica. Marx creyó que el ferrocarril disolvería el sistema de castas en la India; el telégrafo fue anunciado como el final definitivo de los prejuicios y las hostilidades entre las naciones; algunos celebraron el avión como un medio de transporte que suprimiría, además de las distancias, también las guerras; sueños similares acompañaron al nacimiento de la radio o la televisión. Ahora contemplamos estas suposiciones con ironía y desdén, pero en su momento parecían una promesa verosímil.

Las tecnologías a las que debemos el actual despliegue de las redes sociales no han sido ajenas a tal fenómeno, en este caso, además, con buenas razones. Es lógico que una tecnología que empodera, vincula libremente y facilita el acceso al conocimiento despierte ilusiones de emancipación democrática. El relato anarco-liberal de los fundadores de Internet ha contado con recitadores de todo el espectro ideológico, a derecha e izquierda. Los cyber-cons han sobrevalorado siempre el efecto democratizador de la libre circulación de información, tal como pareció acreditarse en la caída de los regímenes comunistas. Por otro lado, antiguos hippies acabaron en las universidades y los centros tecnológicos tratando de probar que Internet podía proporcionar lo que prometieron los años 60: mayor participación democrática, emancipación individual, fortalecimiento de la vida asociativa…

Pasadas las expectativas exageradas, estamos en condiciones de desenredar esa ilusión y preguntarnos si realmente Internet ha aumentado la esfera pública, hasta qué punto ha hecho posible nuevas formas de participación, ampliando el poder de la gente frente al de las élites. Sin dejar de reconocer las capacidades de la red, podemos examinar críticamente las promesas del ciberutopismo, esa ingenua creencia en la naturaleza inexorablemente emancipadora de la comunicación on line que desconoce sus límites o incluso su lado oscuro. Me parece que estos equívocos se pueden sintetizar en torno a la concepción de la técnica, del poder y de la democracia que subyacen en el sueño de la democracia digital.

Para el caso concreto de las tecnologías de la información y la comunicación vale también la constatación de que el entusiasmo ante la tecnología ha simplificado la visión de sus efectos políticos, ha exagerado sus posibilidades y ha minimizado sus limitaciones. Buena parte de nuestra perplejidad ante los límites o las ambigüedades de los procesos sociales tecnológicamente posibilitados se debe a no haber entendido que cualquier innovación técnica se lleva a cabo en un contexto social y tiene unos efectos sociales que varían en función del contexto en que se despliegan.

La información no fluye en el vacío sino en un espacio político que ya está ocupado, organizado y estructurado en términos de poder. De haber tenido esto suficientemente en cuenta, no habríamos caído en la ingenuidad de pensar que una tecnología tan sofisticada como Internet produce idénticos resultados en países diversos.

El otro principio que ha venido dándose por supuesto aseguraba que las redes globales constituyen un movimiento contrario a la concentración de poder, que desequilibra la autoridad de las élites y tiende a anular las asimetrías establecidas. Ahora bien, ¿hasta qué punto es tan abierta la arquitectura de Internet? ¿Es verdad que los ciudadanos son más escuchados en el ciberespacio, que las redes descentralizan las audiencias, favorecen la flexibilidad de las organizaciones y posibilitan la desintermediación de la actividad política? Los gatekeepers (que filtran en los canales de la información y condicionan nuestras decisiones) siguen formando parte de nuestro paisaje social y político. Hay quien sostiene, incluso, que la concentración de la audiencia es mayor en la red que en los medios tradicionales. No hay necesariamente más objetividad ni menos partidismo en el espacio abierto de Internet que en el de los medios tradicionales. El hecho de que el poder esté descentralizado o sea difuso, no significa que haya menos poder, que seamos más libres y la democracia de mejor calidad.

Internet no elimina las relaciones de poder sino que las transforma. En la Red sigue habiendo asimetrías; es una ingenuidad pensar que Internet favorece siempre y necesariamente al oprimido frente al opresor. La razón más importante que explica la persistencia de relaciones de poder en la red es estructural, reside en su propia arquitectura. Para comprender la infraestructura del poder en Internet hay que tener en cuenta que su naturaleza conectiva determina el contenido que los ciudadanos ven, en virtud de lo cual no todas las elecciones son iguales. Esto no es debido a normas o leyes sino a las decisiones que están en el diseño de Internet y que determinan lo que les está permitido o no a los usuarios. La topología link que regula el tráfico de la Red hace de Internet algo menos abierto de lo que se espera o teme. Existe una jerarquía estructural debida a los hyperlinks, una jerarquía económica de las grandes corporaciones como Google o Microsoft y una jerarquía social porque un cierto tipo de profesionales están sobrerrepresentados en la opinión on line.

Las opciones son estrictamente predefinidas y dejan de lado alternativas en ocasiones más importantes. Aunque en principio sea posible que los individuos controlen esas opciones, sólo una minoría es capaz de hacerlo. El actual imperialismo cultural no es una cuestión de contenido sino de protocolos. Aquí se juega la cuestión de la neutralidad de la Red: la influencia que se ejerce sobre los usuarios no está en el contenido sino en el marco. Es en este nivel en el que se estructuran nuestros modos de buscar y encontrar, de explorar y comprar; se trata de una influencia que condiciona nuestros hábitos y que, en esa misma medida, puede ser considerada como expresión de una ideología. El valor supremo de esta ideología es la “libre expresión” y guarda un sospechoso parecido con los valores de la desregulación, la libertad de circulación o la transparencia entendidos de manera neoliberal. Y por eso mismo esos valores son difícilmente asumibles en otras culturas, pero también en países democráticos que, como Francia y Alemania, tratan de impedir el acceso, por ejemplo, a páginas antisemitas.

El activismo digital tiene ya unos años y nos permite obtener algunas experiencias. La fundamental es que hemos de distinguir la función crítica y desestabilizadora de la capacidad de construcción democrática. El ejemplo de las revueltas árabes pone de manifiesto que derribar no es construir, que la descentralización no es una condición suficiente para el éxito de las reformas políticas; el hecho de que Obama haya sido mejor candidato que presidente debería servir para controlar la fascinación que la Red ha ejercido sobre quienes parecen haber olvidado que ganar unas elecciones no es lo mismo que gobernar, del mismo modo que comunicar bien tampoco equivale a tomar las decisiones oportunas.

El hecho de que la Red esté destruyendo barreras, debilitando el poder de las instituciones y los intermediarios, no debería llevarnos a olvidar que el buen funcionamiento de las instituciones es fundamental para la preservación de las libertades. Esta es la razón de que Internet pueda facilitar la destrucción de regímenes autoritarios pero no sea tan eficaz a la hora de consolidar la democracia. El acceso a los instrumentos de democratización no equivale a la democratización de una sociedad.

La irrupción de Internet va a modificar profundamente la política, que ya no puede ser practicada como hasta ahora. Al mismo tiempo, no deberíamos caer en esa beatería digital que parece desconocer sus ambivalencias. El hecho de que Internet se base en la facilidad y en la confianza constituye también su vulnerabilidad; facilita la resistencia, la crítica y la movilización, pero nos expone de una manera inédita a nuevos riesgos.

Ciertos fenómenos como la deriva de la economía en economía financiera o la difusión de contravalores y errores forman parte también de esa cara de la Red que algunos llaman oscura pero que yo preferiría calificarla como arriesgada. Ahora bien, ¿cuándo hemos tenido los seres humanos un instrumento cuyas capacidades de emancipación no incluyeran posibilidades de autodestrucción? Gobernar significa precisamente fomentar aquellas capacidades y dificultar o prevenir estas posibilidades.

Artículo publicado en El Diario Vasco/El Correo 14/02/2012

Examinar el fenómeno de la inmigración en toda su complejidad es el mejor modo de acabar con determinados tópicos. Detrás de los prejuicios suele haber una realidad que no se ha acabado de comprender

En los sentimientos que suscita la inmigración y en buena parte de los discursos dominantes hay un montón de lugares comúnes que nos impiden ver una parte de la realidad. Se nos habla siempre de la influencia que los inmigrantes tienen sobre la identidad y la cultura que los acoge, con temor o celebrando la nueva diversidad, pero apenas se examina la influencia de signo contrario. La cuestión que se plantea es si la inmigración, unida a una débil natalidad, permitirá mantener la identidad de unas sociedades europeas cuyas ciudades, aseguran, se parecen cada vez más a las de África o Asia. Tanto la ideología xenófoba que teme la pérdida de la propia identidad y el ‘reemplazamiento étnico’ como la actitud liberal que, con las mejores intenciones, defiende la ‘integración’ de quienes vienen, consideran la inmigración como un fenómeno que actúa sobre el país de acogida pero apenas se reflexiona sobre la influencia que la inmigración tiene en los países y las culturas de origen. ¿Y si tanto como ellos actúan sobre nosotros influyéramos nosotros sobre ellos? ¿Por qué no considerar que la inmigración, lejos de debilitar nuestra identidad, es un medio de extender nuestros valores por el mundo?

De entrada, es curioso que tales temores nos impidan ver la radical asimetría que caracteriza al fenómeno de la inmigración. Parecería como si se hubieran invertido los papeles del fuerte y del débil y las amenazas provinieran del elemento indudablemente más frágil de la relación. En primer lugar, los inmigrantes son, por lo general, una minoría en las sociedades de acogida y están más expuestos a la cultura de los autóctonos de lo que estos están expuestos a la cultura aportada por los inmigrantes. En segundo lugar, los inmigrantes, desde el punto de vista económico, social y político, constituyen un grupo dominado más que un grupo dominante, y su influencia sobre la cultura de la sociedad de acogida es mucho menor que en el sentido inverso. Por estas razones hay motivos de sobra para pensar que quien más afectado se ve por el encuentro es el que llega y no el que recibe.

Los inmigrantes están continuamente expuestos a las ideas, los valores y las prácticas de la sociedad en la que viven, de manera que pueden hacerlos suyos y transmitirlos a sus comunidades de origen. La cuestión no es tanto si se altera la identidad de la sociedad de acogida como saber en qué medida, a través de los emigrantes, las sociedades de origen están expuestas a los valores que fundamentan la identidad de las sociedades de acogida. Deberíamos, por tanto, considerar la inmigración como un proceso de doble dirección, que aporta a la sociedad de origen de los emigrantes un cierto número de elementos adoptados en la sociedad de acogida. Vistas así las cosas, los inmigrantes no serían únicamente introductores de valores y prácticas no occidentales en los países occidentales sino también, en el sentido inverso, canales a través de los cuales los valores y prácticas occidentales son difundidos en otras partes del mundo. Los inmigrantes no sólo envían dinero sino también ideas y modelos de comportamiento. Dado que los inmigrantes son frecuentemente considerados en sus países de origen como personas que han tenido éxito, aquellas sociedades pueden abrirse así a los valores y prácticas a los que se debe ese éxito. De manera que la inmigración puede ser un instrumento de influencia y difusión cultural pero no en la dirección en la que habitualmente se cree.

Lo que nos impide entender el fenómeno de la inmigración con toda su complejidad y sus matices es que todavía mantenemos una concepción estática de las culturas y las sociedades. Integración o sustitución son los dos términos que tratan de explicar la relación entre dos culturas que se topan en una sola dirección. Conservadores y liberales tienden a pensar que las diferencias culturales se perpetúan a través de las generaciones y permitirían que las poblaciones concernidas se reproduzcan independientemente la una de la otra. No tienen en cuenta la bidireccionalidad de sus influencias y los fenómenos de mestizaje, la exogamia que tiende a acrecentarse con el paso del tiempo. Clasificar a las personas como autóctonas o extranjeras termina siendo un corte arbitrario en un continuo donde no hay dos poblaciones sino una constituida por personas que presentan un gran número de combinaciones posibles en términos de orígenes. Dado el dinamismo y la porosidad de las sociedades actuales, la adscripción a un solo grupo va a ser cada vez más la excepción que la regla.

Examinar el fenómeno de la inmigración en toda su complejidad es el mejor modo de acabar con determinados tópicos. Porque detrás de los prejuicios suele haber una realidad que no se ha acabado de comprender.

(Parlamento Vasco, Vitoria, 19-20 de diciembre 2010)

Articulos en francés (AQUI.FR, Burdeos)

EL CONGRESO

INTERVIEW DE D. INNERARITY Y S. CHAMPEAU